FISHING CREEK, Maryland — Por miles de millas y durante dos días, 59 trabajadores mexicanos viajaron, de forma legal, juntos en un bus — a pesar de la pandemia — a sus trabajos de temporada como despulpadores de cangrejo y procesadores de marisco en las islas rurales de Maryland.
Lindy’s Seafood Inc., la empresa de cangrejo y ostras en Maryland que contrató a los trabajadores, pagó por su viaje a través del país. La compañía los puso a trabajar al día siguiente de su llegada, sin hacer cuarentena y sin esperar los resultados de las pruebas de COVID-19. Estas medidas de seguridad no son requeridas a nivel estatal ni federal.
Dentro de una semana, los trabajadores fueron informados que varias personas habían dado positivo por coronavirus.
Los migrantes que procesan marisco y pescado, que son contratados legalmente y transportados hacia los Estados Unidos a través del programa de visa H-2B, enfrentan mayores riesgos de contagiarse de COVID-19.
Suelen viajar largas distancias para llegar a sus trabajos y viven en casas compartidas. Al ser considerados trabajadores esenciales, pueden continuar trabajando incluso si entran en contacto con alguien que tiene el virus.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos, que regula el programa H-2B, no estableció medidas de seguridad para los trabajadores que viajan en bus a través de la frontera durante la pandemia de COVID-19. Maryland, Virginia y Carolina del Norte, estados con prolíficas industrias pesqueras que dependen de los trabajadores migrantes con visa H-2B, tampoco garantizaron las medidas necesarias para protegerlos.
Entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, se autorizaron más de 12000 visas H-2B para trabajadores de las industrias del marisco en los Estados Unidos, incluyendo 2232 visas para 41 compañías a lo largo de estos tres estados, de acuerdo con un análisis del Howard Center for Investigative Journalism de la Universidad de Maryland.
De los tres estados, solo Virginia proporcionó el número total de contagios en las procesadoras de marisco —106 casos de COVID-19 que resultaron de tres brotes — y ninguna de las agencias estatales de salud reveló el lugar donde ocurrieron los brotes.
El Howard Center descubrió, a través de entrevistas con trabajadores migrantes, organizaciones sociales y una iglesia, que varios brotes de COVID-19 ocurrieron en procesadoras de marisco en los tres estados.
Adicionalmente, los problemas de salud y seguridad relacionados con el COVID-19 rara vez aparecen en las quejas presentadas a las agencias estatales y federales encargadas de regular las medidas de seguridad en los lugares de trabajo.
Desde enero del 2020, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) recibió 63455 quejas relacionadas a COVID-19 a nivel nacional. Un análisis del Howard Center encontró que, de esas quejas, 32 fueron contra procesadoras de marisco. Esta industria contrata más trabajadores migrantes con visa H-2B que ninguna otra, a excepción de la jardinería.
“Si se quejan en represalia podrían ser despedidos y perder su estatus legal en los Estados Unidos”, dijo Clermont Ripley, abogado del North Carolina Justice Center, una organización sin fines de lucro. “Es esta mano de obra cautiva la que va a soportar una buena cantidad de violaciones a sus derechos para poder seguir trabajando legalmente”.
Sin estándares y regulaciones gubernamentales, la decisión sobre cómo mantener a los trabajadores seguros durante esta pandemia depende en gran medida de los empleadores.
A la mayoría “de verdad les importa y quieren mantener a todos seguros”, dijo Lydia Hock, cofundadora de Labormex LLC que ha reclutado trabajadores con visa H-2B para la industria del marisco.
“Si un trabajador no se siente seguro, obviamente no tiene que venir”, añadió. “Hay millones de personas en México que quieren estas oportunidades”.
La inacción federal marca la pauta
Cada temporada, los trabajadores migrantes con visa H-2B viajan desde sus hogares en México a una de las siete ciudades del país donde el consulado estadounidense procesa y aprueba sus visas. Después, compañías de transporte los trasladan a sus diferentes lugares de trabajo en Estados Unidos.
Estos trabajadores corren el riesgo de contraer COVID-19 en cada etapa del proceso.
A veces esperan días, hasta semanas, para que sus visas sean procesadas. Lejos de su hogar, se alojan en hoteles, donde varias personas comparten una habitación— lo que puede ser riesgoso durante una pandemia.
Una vez que sus visas han sido aprobadas, estos trabajadores viajan hacia los Estados Unidos. Según la ley federal, los empleadores deben pagar por la transportación de sus trabajadores, que a veces se coordina con agencias que reclutan trabajadores H-2B.
Trabajadores migrantes con visa H-2B le contaron al Howard Center sobre sus experiencias al viajar por miles de kilómetros en un bus lleno de personas en septiembre y dormir en una van con más de doce trabajadores por dos noches en enero de este año.
Es muy común que al llegar, los trabajadores compartan viviendas ofertadas por sus empleadores, quienes cobran una tarifa semanal por el alojamiento. Algunos empiezan a trabajar al día siguiente de llegar.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos no ha emitido ningún protocolo de seguridad para proteger del COVID-19 a los trabajadores migrantes que viajan en bus hacia Estados Unidos, confirmó Edwin Nieves, representante de la agencia. Tampoco existen requerimientos para hacerles una prueba de COVID-19 cuando han llegado o mientras están en tránsito.
Estos vacíos en el sistema regulatorio impulsaron a que organizaciones de defensa de los trabajadores migrantes —incluidos el Centro de los Derechos del Migrante, North Carolina Justice Center y el Southern Poverty Law Center— enviaran una carta a las agencias federales cruciales para pedir acciones inmediatas para proteger a los trabajadores.
La carta recomendaba a los departamentos de Trabajo, Estado, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional tomar medidas para prevenir aglomeraciones innecesarias cerca de los consulados, transportar a los trabajadores en buses a medio llenar y acomodarlos en habitaciones individuales durante su viaje.
También incluyó un llamado a que OSHA inspeccionara que las viviendas compartidas cumplan con medidas de seguridad para prevenir la transmisión del COVID-19, que los trabajadores provean una licencia por enfermedad pagada y coordinen el acceso a atención médica para los trabajadores con visa H-2B durante la pandemia.
Ninguna de estas recomendaciones fueron aprobadas. La ley que requería garantizar licencia por enfermedad pagada a los trabajadores, incluidos los H-2B, expiró en diciembre del año pasado. El Howard Center encontró que Maryland, Virginia y Carolina del Norte tampoco establecieron protecciones para los trabajadores migrantes con visa H-2B, cuyos defensores dicen son necesarias para garantizar su seguridad.
Brotes de coronavirus se propagan en los tres estados
En septiembre, “Santiago”— un trabajador migrante con visa H-2B quien pidió al Howard Center ser identificado con un seudónimo por temor a perder su trabajo en Bonums Oyster Company Inc, ubicada en Kinsale, Virginia — abordó un bus lleno con alrededor de cuarenta trabajadores migrantes con visa H-2B en Monterrey, México.
Viajaron un día y medio para llegar a su trabajo. “Santiago” describió tomar precauciones en el bus al usar un cubrebocas y gel sanitizante, pero recordó no poder practicar los dos metros de distanciamiento para separarse de sus compañeros.
Dos días después de llegar a Virginia, la compañía Bonums llevó a los trabajadores a hacerse una prueba de COVID-19 en una clínica, dijo “Santiago”. La prueba de “Santiago” dio positivo y la compañía lo puso en cuarentena en una casa con once personas más y por quince días, él dijo.
Documentos muestran que los oficiales del estado estaban al tanto de la situación. En un correo electrónico enviado el mes de octubre, miembros del Departamento de Trabajo e Industrias de Virginia señalaron que 33 empleados de la compañía Bonums dieron positivo por COVID-19.
Llamadas telefónicas a Bonums fueron referidas a un representante de la compañía quien se negó a ser identificado o a comentar.
En enero, “Mónica” — una trabajadora con visa H-2B que también pidió ser identificada con un seudónimo para proteger su trabajo — dejó la costa pacífica mexicana por el frío invierno del atlántico para trabajar empacando camarón y carne de cangrejo en las sucursales de Fulcher’s Seafood LLC, ubicadas en Aurora y Oriental, Carolina del Norte.
El viaje de casi 2500 millas inició a media noche cuando Mónica abordó una van con más de una docena de trabajadores. Esperaron por dos días en el consulado de Estados Unidos hasta recibir sus visas. Luego, viajaron a través del país durmiendo por dos días dentro de la van.
Después de llegar al pueblo de Aurora, Mónica dijo que fue transferida a una vivienda para trabajadores migrantes, donde la compañía le cobra una tarifa semanal por alojamiento. Después de dos días, ocupó su lugar en la línea de procesamiento sin que se le haga una prueba de COVID-19.
La empresa no nos hizo un test, dijo, “hasta que ya hubo casos”.
Sus primeros síntomas aparecieron dentro de tres semanas. Mónica perdió su olfato, le dolían los huesos y sintió como si tuviera una gripe. Ella no tiene seguro médico ni habla inglés, así que un amigo le ayudó a agendar una cita para hacerse una prueba de COVID-19 en una farmacia CVS. Los resultados dieron positivo.
Después de enfermarse, la compañía puso en cuarentena a Mónica y a otros trabajadores por al menos ocho días, ella dijo. Durante ese tiempo recibió la mitad de su pago y no buscó atención médica mientras estaba enferma, ella dijo.
La compañía Fulcher’s luego confirmó nueve casos de COVID-19 entre trabajadores locales y migrantes en dos de sus sucursales; sin embargo, cuando el Howard Center preguntó a los directores de los departamentos de salud locales sobre los casos de COVID-19 dijeron no tener registro de ellos.
Aparte de las guarderías y los centros de cuidado a largo plazo, las compañías no están obligadas a reportar casos de trabajadores contagiados con COVID-19 a los departamentos de salud local y estatal, dijo un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Carolina del Norte.
Cuando alguien da positivo por COVID-19, se le pregunta información sobre su lugar de trabajo pero no es un requerimiento proporcionarlo, dijo James Madson, director del Departamento de Salud en el condado de Beaufort, donde una sucursal de Fulcher’s está ubicada.
De acuerdo con Madson, un 15% de trabajadores que dan positivo en el condado de Beaufort no proveen información sobre su lugar de empleo.
“Mónica” dijo que ella y otros trabajadores con visa H-2B no reportaron su lugar de trabajo cuando se hicieron una prueba o después de recibir los resultados positivos por COVID-19. Ella dijo que no recuerda si le preguntaron donde trabaja.
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En Maryland, en una pequeña cadena de islas en la bahía de Chesapeake, 50 trabajadores de mariscos contrajeron COVID-19 el verano pasado, de acuerdo con el Departamento de Salud del condado de Dorchester. La agencia se negó a revelar los lugares donde los contagios ocurrieron, citando leyes de confidencialidad en el estado.
El número de casos positivos en julio del año pasado incluyó a siete trabajadores con visa H-2B que procesan carne de cangrejo en la compañía Lindy´s.
Elizabeth Harding — miembro de la iglesia Santa María del Refugio que está localizada a cuarenta minutos de las islas — escuchó que los trabajadores habían sido trasladados a una casa proporcionada por la empresa para hacer cuarentena. Harding y otro miembro de la iglesia manejaron ese día a Walmart y compraron alrededor de $300 en suplementos para los trabajadores migrantes a quienes les faltaba comida mientras estaban aislados.
La iglesia también llamó al Departamento de Salud en el condado de Dorchester cuando una trabajadora de la compañía Lindy’s necesitó asistencia médica por COVID-19, dijo Harding. Horas después personal del Departamento de Salud manejó a las islas para atender a los trabajadores infectadas.
Aubrey Vincent, vicepresidenta de la compañía Lindy´s, confirmó que siete trabajadores contrajeron COVID-19 el año pasado. Todos los trabajadores infectados hicieron cuarentena en una casa separada, ella dijo. Agregó que, además, ella hizo arreglos para que pudieran pedir comida a domicilio.
También dijo que la compañía Lindy’s había implementado medidas de seguridad en respuesta a la pandemia. Se proveen máscaras, los trabajadores están a 6 pies de distancia y los protocolos de sanidad han incrementado, ella dijo.
Aun así, este año, cuando 59 trabajadores migrantes con visa H-2B llegaron a Maryland, luego de dos días de viaje por tierra, Lindy’s los puso a trabajar al siguiente día.
Vincent dijo que la decisión de poner a trabajar a los recién llegados sin primero realizarles una prueba de COVID-19 se basó en conversaciones con oficiales de los departamentos de salud estatal y del condado.
“Ya vinieron en bus hasta aquí,” dijo Vincent. “Ya están en las casas. Ya se han expuesto entre ellos”.
“¿Por qué trabajar es el problema si no es ahí donde la contaminación está ocurriendo?” dijo Vincent.
De acuerdo con Vincent, el reclutador a cargo de encontrar trabajadores con visa H-2B para la compañía Lindy’s dijo que se les realizaría una prueba de COVID-19 antes de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, dos trabajadores de Lindy’s dijeron que no se les hizo una prueba cuando cruzaron la frontera. De acuerdo con el consulado estadounidense en México, una prueba negativa de COVID-19 no es requisito para viajar a Estados Unidos por carretera.
Según Vincent, ella coordinó que el grupo de trabajadores migrantes con visa H-2B se hicieran una prueba de COVID-19 el 22 de abril, dos días después de su llegada. De acuerdo con fuentes cercanas que no quisieron ser identificadas para poder hablar con franqueza, personal de la compañía informó a los trabajadores que varias personas habían dado positivo.
La primera vez que le preguntamos por los casos, Vincent dijo que los casos positivos habían sido aislados en una casa para hacer una cuarentena de diez días y los que dieron negativo fueron vacunados.
“Es mejor pecar de exagerados”, dijo. “Estamos siguiendo los mismos protocolos del año pasado”.
En una conversación posterior dijo que no tenía la intención de que sus comentarios fueran una confirmación de que los trabajadores dieron positivo.
“No vamos a confirmar o negar si es que las personas dieron positivo o no”, dijo.
Angela Grove, portavoz del Departamento de Salud del condado de Dorchester, dijo que la agencia no tenía conocimiento de nuevos brotes — definidos como cinco o más casos — de COVID-19 en procesadoras de mariscos y añadió que no se requiere que los trabajadores mencionen su lugar de trabajo cuando se hacen una prueba.
Mientras el condado ha registrado 130 nuevos casos desde abril 20, la portavoz afirmó desconocer “cuántos de esos empleados trabajan en plantas procesadoras de mariscos”. Incluso si lo supiera, dijo ella, la ley le prohíbe revelar los nombres de las empresas.
Tres estados limitan protecciones
En julio del año pasado, una coalición de profesionales de la salud, incluidos ex funcionarios de OSHA y defensores de los trabajadores migrantes, instó al gobernador de Maryland, Larry Hogan, a crear un estándar de emergencia temporal que exija a los lugares de trabajo tomar medidas para prevenir la propagación del COVID-19.
“No se puede dejar a la discreción de los empleadores si se proporciona equipo de protección personal o si se tiene a alguien en el lugar de trabajo que sepa qué hacer en caso de que alguien muestre síntomas de COVID-19”, dijo Sulma Guzmán, directora política y asesora legislativa de Centro de los Derechos del Migrante, organización que presionó por la implementación del estándar.
Un portavoz de Hogan le dijo al periódico The Baltimore Sun en agosto que el estándar no era necesario porque el gobernador le dio autoridad a los departamentos de salud locales para cerrar lugares de trabajo inseguros.
Cuando el Howard Center preguntó cuántos lugares de trabajo se habían cerrado, un portavoz del Departamento de Salud de Maryland afirmó que la agencia no tiene una base de datos central de las compañías que han sido citadas por los departamentos de salud locales o por las fuerzas del orden por incumplir las órdenes relacionadas con el COVID-19.
Grove dijo que el Departamento de Salud en el condado de Dorchester no ha clausurado ninguna procesadora de mariscos.
Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Maryland intentó ampliar las protecciones de los trabajadores migrantes en enero. Hubiera exigido que los empleadores ofrecieran viviendas separadas a los trabajadores que dieron positivo a las pruebas de COVID-19 y garantizaran medidas de seguridad en el trabajo, en las viviendas para migrantes y en el transporte. También habría requerido que el Departamento de Trabajo de Maryland inspeccionara las viviendas de los migrantes durante la pandemia para garantizar que sean seguras.
El proyecto de ley no pasó el comité legislativo en febrero de este año.
En el pueblo costanero de Kinsale en Virginia, Roland y Shirley Bevans recibieron el año pasado aprobación federal para contratar a 110 empacadores de cebo y mariscos, 130 procesadores de ostiones y 14 procesadores de mariscos con visa H-2B en las marisqueras mayoristas Bevans Oyster Company Inc. y Bonums Oyster Company Inc.
La agencia estatal designada por OSHA en Virginia, VOSH (Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional de Virginia) recibió una queja en contra de Bevans el julio pasado.
La compañía no aplicó medidas de distanciamiento ni en el trabajo ni en las viviendas para los migrantes, decía la queja, y los trabajadores que dieron positivo no fueron aislados de acuerdo con los protocolos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por lo que habrían puesto en riesgo de contraer y transmitir el COVID-19 a otros.
Registros oficiales muestran que VOSH cerró la denuncia sin inspeccionar el lugar y basándose en una carta enviada por los abogados de la empresa que decía que el problema se había resuelto. Un representante de la compañía dijo que Bevans no tenía comentarios al respecto.
Cinco días después que VOSH recibiera la denuncia, Virginia se convirtió en el primer estado en aprobar un estándar temporal de emergencia en el país, creando el primer requisito obligatorio de seguridad contra el COVID-19 en el lugar de trabajo. El estándar temporal se aprobó más tarde de forma permanente.
El estándar protege a los trabajadores contra el COVID-19 al requerir que los empleadores aseguren el debido distanciamiento social y provean equipo de seguridad personal si los controles administrativos o de ingeniería para proteger a los trabajadores no son factibles.
Sin embargo, la norma no contempla una provisión para las viviendas proporcionadas por los empleadores en donde se alojan los trabajadores migrantes. El Departamento de Salud de Virginia solo emitió una guía opcional que recomienda mantener las camas a 6 pies de distancia, aislar a los trabajadores que dan positivo por COVID-19 y evitar el hacinamiento.
El Departamento de Salud del estado no tiene autoridad para hacer cumplir la guía, dijo un portavoz de la agencia.
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En agosto, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, un demócrata, consideró aprobar una orden ejecutiva que hubiera garantizado medidas de seguridad en las viviendas para migrantes, en el transporte y en el lugar de trabajo. La orden hubiera protegido a los 907 trabajadores migrantes con visa H-2B que fueron certificados para trabajar en las procesadoras de mariscos en el estado de enero a agosto del 2020.
Pero Cherie Berry, la republicana que lideró el Departamento del Trabajo en Carolina del Norte, expresó fuerte oposición. Berry le escribió a Cooper que la orden sobreregularía a los empleadores y que su agencia, que no reporta al gobernador, no iba a poder hacer cumplir esas regulaciones.
Cooper decidió no firmar la orden ejecutiva.
En septiembre, más de 100 organizaciones de defensa de los trabajadores protestaron la inacción del estado de Carolina del Norte para proteger a los trabajadores migrantes durante la pandemia, donde citaron la orden fallida y la negativa del estado para revelar datos sobre brotes de COVID-19 en los lugares de trabajo.
En octubre, más defensores laborales solicitaron que el Departamento de Labor adoptara una estándar temporal de emergencia o ejecutara nuevas reglas para proteger a los trabajadores del COVID-19.
Berry rechazó las dos peticiones.
“Mientras no desestimo las muertes trágicas que han ocurrido como resultado de este virus, estadísticamente no se ha demostrado que este pueda causar la muerte o daños físicos graves desde el punto de vista de un riesgo ocupacional”, escribió Berry a los defensores en un correo electrónico.
Los defensores solicitaron a OSHA que investigara la incapacidad del Departamento Laboral para responder “adecuada y legalmente” a su pedido de reglamentación y para indagar quejas sobre lugares de trabajo inseguros durante la pandemia.
El Howard Center no logró contactarse con Berry para escuchar su comentario y Jennifer Haigwood, portavoz del Departamento Laboral, dijo que la agencia no está autorizada a emitir un comentario sobre una investigación en curso.
El ciclo se repite
En marzo de este año, senadores de Virginia y Maryland enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) solicitandoles urgentemente aprobar más visas H-2B antes del mes de abril, que es cuando inicia la temporada de pesca de cangrejos en los dos estados.
“Sin estas visas adicionales, nuestras apreciadas industrias pesqueras … se verán forzadas a reducir sus operaciones, incumplir sus contratos, despedir a sus trabajadores estadounidenses de tiempo completo y, en algunos casos, dejar de operar por completo,” escribieron los senadores Ben Cardin y Chris Van Hollen, en Maryland, y Tim Kaine y Mark Warner, en Virginia, todos demócratas.
En abril, el gobernador Hogan le pidió a DHS incrementar inmediatamente el número de visas H-2B al máximo permitido según la ley federal.
“Estos trabajadores esenciales son vitales para el mercado y la industria de productos del mar, que se ha expandido a nivel regional, nacional e internacional”, escribió Hogan.
El 20 de abril, el mismo día que 59 trabajadores migrantes con visa H-2B llegaron a la compañía Lindy’s, el Departamento de Seguridad Nacional anunció un incremento adicional de 22000 visas para este año.
“El programa H-2B está diseñado para ayudar a los empleadores de Estados Unidos a cubrir trabajos temporales”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario de la agencia, “mientras que salvaguardamos los medios de subsistencia de nuestros trabajadores estadounidenses”.
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Vanessa Sánchez Pulla and Brittany Nicole Gaddy reportaron desde Maryland y Virginia. Luciana Perez Uribe Guinassi reportó desde Carolina del Norte y aportó análisis de datos. Kara Newhouse, Nick McMillan, Rachel Logan y Sahana Jayaraman aportaron análisis de datos. Carmen Molina Acosta y Sophia Sorensen reportaron desde Maryland. Trisha Ahmed reportó desde Maryland y escribió esta historia. También contribuyeron: Natalie Drum, Molly Castle Work y Elisa Posner.
Traducción a español por: Vanessa Sánchez Pulla, Luciana Perez Uribe Guinassi y Carmen Molina Acosta.
Nuestro análisis de datos original que produjo la información incluida en esta historia está disponible para su revisión en un cuaderno de datos.
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